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PLAYA DEL CARMEN, MX.-“¡Basta
de quienes convierten lo público en privado!”, ha repetido hasta el cansancio
Mauricio Góngora Escalante, candidato a la gubernatura por la alianza
PRI-PVEM-Panal, en la propaganda que ha aparecido por todos lados de cara a los
comicios del próximo 5 de junio en Quintana Roo.
Aunque en su discurso Mauricio Góngora ha hecho del rechazo
a las privatizaciones uno de sus lemas de campaña, lo cierto es que cuando
fungió como alcalde de Solidaridad fue el responsable de la privatización del
servicio de agua potable en este municipio a favor de Desarrollos Hidráulicos
de Cancún S. A. de C. V., la cual tiene como empresa filial a Aguakán
En esta operación, en
la que actuó bajo las órdenes del Gobernador Roberto Borge Angulo, principal responsable,
también participaron los alcaldes de Benito Juárez e Isla Mujeres, Paul
Carrillo de Cáceres y Agapito Magaña, respectivamente, municipios en donde
Aguakán ya operaba desde octubre de 1993, pero donde se concedió de manera
anticipada una ampliación de la concesión.
En todos estos tres municipios, la privatización del
servicio del agua potable fue autorizada hasta el 31 de diciembre del año 2053
a cambio de un pago inicial realizado en diciembre del 2014 al gobierno de
Quintana Roo por más de mil millones de pesos, así como una contraprestación
anual que, en el caso del municipio de Solidaridad, asciende a por lo menos 120
millones de pesos anuales.
Los detalles de este acuerdo quedaron asentados en la
modificación segunda al título de concesión para “para la prestación de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamientos y tratamiento
de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y
Solidaridad” en favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de
C. V., documento que durante mucho tiempo se mantuvo oculto pero que hoy está
en poder de Noticaribe.
El título de concesión fue registrado en la Notaría Pública
número 45 en Naucalpan, Estado de México, a cargo del titular Jesús Zamudio
Rodríguez, el 15 de enero del año 2015, un mes después de que los cabildos de
Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad aprobaran el acuerdo y el Congreso lo
ratificara.
El acuerdo, según la información obtenida, quedó en firme el
18 de diciembre del 2014, cuando el gobernador Roberto Borge ratificó y entregó
los nuevos términos de la concesión que actualmente opera Aguakán. Previamente,
el 15 de diciembre del 2014, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana
Roo, fue publicado el Decreto número 250, donde quedó asentado la privatización
del servicio.
Por parte del gobierno de Quintana Roo, el documento fue
firmado por el Gobernador Roberto Borge y los alcaldes Paul Carrillo, Agapito
Magaña y Mauricio Góngora Escalante, mientras que por la empresa Desarrollos
Hidráulicos de Cancún firmaron Jorge Eduardo Ballesteros Zavala y Diego Ramos
González Castilla, acreditados como representantes legales de la concesionaria.
El documento revela aspectos no conocidos de la
privatización del servicio de agua potable y alcantarillado que mantiene
Aguakán en Benito Juárez e Isla Mujeres, como el hecho de que esta empresa paga
al gobierno de Quintana Roo sólo 78 millones 843 mil 509 pesos de forma anual
como contraprestación por la concesión, cifra mucho menor a los 120 millones de
pesos pactados en 2014 para empezar a operar en el municipio de Solidaridad a
pesar de que la población en esos dos municipios es por lo menos cuatro veces
superior.
Aún así, de acuerdo con información obtenida de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los 120 millones de pesos acordados
como contraprestación anual en Solidaridad, representa una cantidad mucho menor
a la que este organismo recaudaba cada año en este municipio, ya que tan sólo
en el 2014 se obtuvieron recursos por casi 300 millones de pesos.
En el caso de Solidaridad, de acuerdo al título de
concesión, hay otros detalles a destacar como el hecho de que la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún se comprometió a terminar con el rezago en la
cobertura de agua potable en un plazo de 5 años, mientras que el plazo fijado
para cubrir con rezago en el drenaje y el déficit del tratamiento de aguas
residuales fue de 6 años.
Además, la empresa también aceptó presentar un programa de
trabajo quinquenal sobre sus acciones, obras y métodos de financiamiento para
cumplir con sus objetivos como concesionaria, además de que se compromete a
cobrar las tarifas que se determinen en la Ley de Cuotas y Tarifas para los
Servicios Públicos de Agua Potable, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales del estado de Quintana Roo.
Desarrollos Hidráulicos de Cancún también aceptó contratar
al menos el 50 por ciento de la obra nueva con contratistas locales y dotar de
agua potable y drenaje sanitario a los nuevos fraccionamientos y desarrollos
contemplados en los planes directores de desarrollo urbano del municipio de
Solidaridad, a condición de que los constructores realicen por su cuenta las
redes de distribución y regulación.
La concesionaria estableció que la utilidad mínima de la
empresa será de 12 por ciento, mientras que se compromete a destinar por lo
menos el 11.40 por ciento de sus ingresos a la realización de inversiones en
infraestructura
La concesionaria no descarta obtener una nueva prórroga de
la concesión una vez terminada la vigencia del acuerdo en 2053.
La documentación completa abajo de los créditos
Información y nota original:
(Noticaribe)
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(Noticaribe)
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