Ciudad de México, Mx a 26 de Junio de 2016.- Con el respaldo del PRI, el Congreso solicitó a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) investigar los recursos entregados en 2015 al
Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Roberto Borge, a través de tres fondos
federales.
Los
legisladores recordaron que la entidad recibió más de 16 mil 700 millones de
pesos de recursos federales a través de los ramos 28, 23 y 33.De
acuerdo con el dictamen, 7 mil 873 millones de pesos fueron inyectados a través
de Participaciones Federales; más de 8 mil millones de Aportaciones Federales,
y 828.7 millones de pesos de Provisiones Salariales y Económicas.
En
el documento se advierte que, a pesar de que estos recursos deben destinarse a
servicios como seguridad, educación y salud, existen denuncias públicas sobre
supuestos excesos del Gobernador en el ejercicio del gasto.
En
la propuesta original, se solicitó la investigación, supervisión y revisión
detallada de las bolsas millonarias, para que, en caso de comprobarse
irregularidades, se procediera de manera penal.Sin
embargo, la redacción final fue modificada para dejar las indagatorias en manos
de la ASF.
“La
Comisión Permanente solicita a la ASF que incluya en el Programa de Auditorías
para la Fiscalización de la cuenta pública 2015 un apartado en el que se revise
el uso de los recursos federales otorgados a través de los ramos 23, 28 y 33 al
Estado de Quintana Roo”, señala el dictamen aprobado.
Notas Relacionadas
La
petición fue aprobada por el pleno de la Comisión Permanente y acompañada con
las firmas de priistas como los senadores Ismael Hernández Deras y Enrique
Burgos, así como la diputada Mariana Benítez.El
pasado 20 de junio, REFORMA reveló que los Gobiernos de Quintana Roo, Veracruz,
Chihuahua y Durango, dejarán cuentas sin saldar por más de 18 mil millones de
pesos, de acuerdo con las observaciones de la ASF correspondientes al 2014.
Contra la impunidad
Además
de la petición a la ASF, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió al
Congreso de Quintana Roo transparentar los cambios de última hora para designar
a funcionarios en la Procuraduría estatal, la Contraloría y tres magistrados
del Tribunal de Justicia.“Se
trata de imponer autoridades para encubrir autoridades, la exigencia es que no
se aprueben designaciones de funcionarios afines al PRI”, acusaron.
Según
los legisladores, el Congreso pretende convertir la Procuraduría en una
Fiscalía, cuyo titular permanecerá en el cargo los próximos siete años.A
esto se suma el nombramiento de un nuevo Auditor y su suplente, que también
ocuparán esa posición en los próximos siete años. (Fuente: Reforma | Noticaribe)
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