Diputados federales y senadores le 'recordaron' a la Hacienda Federal que debe acotar deudas estatales solicitadas al final de los gobiernos. Esta petición que publica hoy el periódico Reforma, se motivó por el empréstito de Mil 30 millones de pesos que pidió hace unas semanas el ayuntamiento de Solidaridad. Aquí la nota íntegra:
Ciudad de México, a 22 de
Agosto de 2016.- Diputados y senadores de todos los partidos políticos pidieron
a la Secretaría de Hacienda no inscribir en su registro las deudas de estados y
municipios contratadas tres meses antes de entregar la administración.
Los legisladores federales
recordaron a la dependencia que, de hacerlo, estaría violando lo establecido en
el artículo 117 de la Constitución, que impide la adquisición de nuevos
créditos tres meses antes de que concluyan los periodos de Gobierno.
La petición a la
dependencia federal se realizó luego de analizar el caso del municipio de
Solidaridad, en Quintana Roo, donde se autorizó un crédito de más de mil
millones de pesos, a pagar a 20 años, justo en el periodo de prohibición.
"Se exhorta a la
Secretaría de Hacienda a no inscribir las obligaciones contratadas por diversas
entidades federativas y municipios, entre ellos el de Solidaridad, Quintana
Roo, toda vez que se contraviene el último párrafo del artículo 17
constitucional, así como la legislación", señalaron.
A través de un punto de
acuerdo, los integrantes de la Comisión Permanente pidieron a la dependencia
observar lo que establece la Constitución en materia de disciplina financiera.
El exhorto fue aprobado a
propuesta de diputados del PRD, quienes alertaron sobre la contratación de la
deuda millonaria por Solidaridad, que era gobernado por quien fue candidato del
PRI al Gobierno del estado, Mauricio Góngora.
Según legisladores, el
déficit de ese municipio no es producto de una insuficiencia de liquidez de
carácter temporal, sino de un diseño para gastar no sólo el presupuesto que le
correspondía si no comprometer el gasto público de los próximos 20 años.
Explicaron que ante la
imposibilidad legal de solicitar formalmente el financiamiento para cubrir el
déficit, se contrataron créditos simples para destinarlos a inversión pública
productiva en obras que aún están inconclusas.
Posteriormente, dijeron,
esos proyectos fueron refinanciados, lo que aumentó el monto originalmente
contratado.
Refirieron que el 9 de
junio pasado, el ayuntamiento autorizó la contratación del crédito de más de
mil millones de pesos, decisión que fue respaldada por el Congreso de Quintana
Roo, según lo publicado el 23 de junio en el Periódico Oficial.
Sin embargo, hasta el 6 de
julio el Comité Financiero para la Evaluación de Crédito del municipio
determinó adjudicar el financiamiento en un plazo máximo de 20 años para
destinarlo a inversión pública productiva.
"En la fecha en la
que el Comité de Financiamiento lo autorizó, el municipio estaba impedido
constitucionalmente para contratarlo", señalaron. [Fuente: Reforma]
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