Venta irregular por 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial del Gobierno de Q. Roo

martes, 15 de noviembre de 2016



Ciudad de México, Mx a 15 de Noviembre de 2016.- [Video de la conferencia de prensa] El secretario de Gestión Pública del gobierno de Q. Roo, Rafael del Pozo Dergal, detalló que las irregularidades detectadas por la actual administración es la enajenación de predios, propiedad del Estado, con una superficie equivalente a 9 mil 500 hectáreas (95 millones de metros cuadrados) a particulares relacionados estrechamente con el ex gobernador Roberto Borge.
Rafael del Pozo añadió que estas anomalías son presuntamente atribuibles a la entonces directora del IPAE Claudio Romanillos Villanueva y al ex gobernador Roberto Borge, al ‘vender’ toda esta superficie a precios que no corresponden al valor real de los predios, pues incluso, en muchas ocasiones fueron vendidos por el 1 por ciento de su costo, o menos; y entre los compradores destacan familiares del ex gobernador.
Las investigaciones del actual gobierno muestran que el total de esta superficie con venta irregular de su precio real es equivalente a más de 6 veces la Zona Hotelera de Cancún, o 24 veces el tamaño de Isla Mujeres; y que desglosándola por municipio, queda de la siguiente manera la venta de la reserva territorial:
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Bacalar 7%
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Felipe Carrillo Puerto 10%
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Tulum 20%
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Cozumel 23%
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Benito Juárez 36%
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Solidaridad 52%
Reserva del Gob. De Q. Roo vendida por Borge: Puerto Morelos +60%

Rafael del Pozo también subrayó que entre los beneficiados con estas ventas, también son accionistas de una naviera (posiblemente se refiera a Barcos del Caribe) que en los últimos 4 años adquirieron 3 barcos con valor en el mercado hasta por 7 millones de dólares, y estas personas están relacionados laboral y profesionalmente con Roberto Borge y su familia.
Por esta sospecha, el Gobierno de Q. Roo le ha pedido a las autoridades competentes que investigue a través de Hacienda Federal la procedencia de los recursos de estos inversionistas para saber si estas personas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos.
Por la sospecha de que estos hechos pueden encuadrar en diversas conductas ilícitas, el gobierno actual los denunció ante la PGR y la Fiscalía General de Q. Roo, las cuales ya iniciaron las investigaciones para el deslinde de responsabilidades penales.
Finalmente Rafael del Pozo expresó: ‘¡El que la hace, la paga!’, y han procedido jurídicamente por el reclamo social para recuperar el patrimonio de los quintanarroenses.

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