Remberto le 'canta el tiro' al Congreso y al gobernador. Mete controversia constitucional ante la Suprema Corte para evitar revisión de cuentas del pasado

sábado, 8 de abril de 2017





CANCÚN, Q. Roo, a 08 de abril de 2017.- A través de la Síndico Municipal, Mirna Karina Martínez Jara, el Ayuntamiento de Benito Juárez, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, toda vez que el pasado 31 de marzo pasado solicitaron la revisión de los ingresos municipales obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.

[El gobierno municipal de Benito JUárez (Cancún) asegura que es un abuso de fiscalización de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por tal motivo quieren hacer valer el respeto al derecho, y a la autonomía municipal.
En lo político, es el inicio de la 'guerra' entre Verdes y Azules por 2018]
Mirna Martínez, síndico municipal
 
Señaló que dicho acuerdo que promovió el Congreso del Estado, para volver a revisar las cuentas por concepto de impuestos, contribuciones o recaudaciones, “se trata de un acuerdo inconstitucional, ya que está indebidamente fundado y carece de cualquier motivación lógico-jurídica”.
En este sentido, Jara Martínez explicó que la solicitud de revisión se hace en un marco de presunción de que se han cometido daños y perjuicios que pudieran afectar la hacienda pública o el patrimonio del municipio; sin embargo, afirmó que no existe un razonamiento válido para volver a examinar dichas cuentas públicas, toda vez que han sido debidamente analizadas y solventadas las observaciones en tiempo y forma correspondiente.
“La situación obedece a que la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 y 2015 ya fue juzgada y ratificada; de cualquier manera, las cuentas correspondientes al 2016 siguen abiertas y el Congreso del Estado solicitó abrirlas nuevamente, lo cual es jurídicamente erróneo, es una doble acción y se tiene que respetar el ejercicio de derecho y la autonomía municipal”, señaló.
Indicó que es claro que esta situación “deriva de un acto abusivo del poder fiscalizador por referirse a ejercicios fiscales que ya han sido auditados, además de que dichas cuentas ya fueron aprobadas, tanto de parte de la Auditoría Superior como del Congreso del Estado; aunado a que no existen pruebas que permitan sostener la imputación y, por ende, al ordenar la Legislatura al órgano técnico dicha acción, sin establecer claramente los alcances de la misma ni su duración, se vulnera el Artículo 115, Fracción IV de la Constitución Federal, pues dicha orden se traduce en una directa invasión a la autonomía hacendaria del Ayuntamiento de Benito Juárez”, puntualizó,Cabe señalar que la controversia constitucional se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha de 4 de abril del presente año, con número de expediente 112/2017, para que se realice el procedimiento conducente.

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