CANCÚN, Q. Roo, a 08 de abril de 2017.- A través de la Síndico
Municipal, Mirna Karina Martínez Jara, el Ayuntamiento de Benito
Juárez, interpuso una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana
Roo, toda vez que el pasado 31 de marzo pasado solicitaron la revisión de los
ingresos municipales obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016.
[El gobierno municipal de Benito JUárez (Cancún) asegura que es un abuso de fiscalización de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por tal motivo quieren hacer valer el respeto al derecho, y a la autonomía municipal.
En lo político, es el inicio de la 'guerra' entre Verdes y Azules por 2018]
Mirna Martínez, síndico municipal |
Señaló que dicho acuerdo que promovió el Congreso del
Estado, para volver a revisar las cuentas por concepto de impuestos,
contribuciones o recaudaciones, “se trata de un acuerdo inconstitucional, ya
que está indebidamente fundado y carece de cualquier motivación
lógico-jurídica”.
En este sentido, Jara Martínez explicó que la solicitud
de revisión se hace en un marco de presunción de que se han cometido daños y
perjuicios que pudieran afectar la hacienda pública o el patrimonio del
municipio; sin embargo, afirmó que no existe un razonamiento válido para volver
a examinar dichas cuentas públicas, toda vez que han sido debidamente
analizadas y solventadas las observaciones en tiempo y forma correspondiente.
“La situación obedece a que la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2014 y 2015 ya fue juzgada y ratificada; de cualquier manera,
las cuentas correspondientes al 2016 siguen abiertas y el Congreso del Estado
solicitó abrirlas nuevamente, lo cual es jurídicamente erróneo, es una doble
acción y se tiene que respetar el ejercicio de derecho y la autonomía
municipal”, señaló.
Indicó que es claro que esta situación “deriva de un acto
abusivo del poder fiscalizador por referirse a ejercicios fiscales que ya han
sido auditados, además de que dichas cuentas ya fueron aprobadas, tanto de
parte de la Auditoría Superior como del Congreso del Estado; aunado a que no
existen pruebas que permitan sostener la imputación y, por ende, al ordenar la
Legislatura al órgano técnico dicha acción, sin establecer claramente los
alcances de la misma ni su duración, se vulnera el Artículo 115, Fracción IV de
la Constitución Federal, pues dicha orden se traduce en una directa invasión a
la autonomía hacendaria del Ayuntamiento de Benito Juárez”, puntualizó,Cabe señalar que la controversia constitucional se
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha de 4 de
abril del presente año, con número de expediente 112/2017, para que se realice
el procedimiento conducente.
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