La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la reapertura de las cuentas públicas
2014, 2015 y 2016 del Ayuntamiento de Benito Juárez, en tanto analizan y
resuelven la controversia constitucional promovida por la administración del
presidente municipal Remberto Estrada Barba.
El extracto del acuerdo de
la SCJN establece que “se concede la suspensión solicitada por el municipio de
Benito Juárez, estado de Quintana Roo, en los términos y para los efectos
precisados en este proveído”.
“La medida de suspensión
surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin
perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho
superviniente”.
Según el documento, “se
tiene como demandados en el presente asunto, al Poder Legislativo y al Órgano
de Fiscalización Superior, ambos del estado de Quintana Roo, consecuentemente
(…) deberá emplazárseles para que presenten su contestación”.
También se da vista a la
Procuraduría General de la República (PGR), “con copia de la demanda y sus
anexos, para que manifieste lo que a su representación corresponda”.
El presidente estatal del
PRD, Jorge Aguilar Osorio, calificó de incongruente la decisión del
Ayuntamiento de promover esta controversia, ya que recordó que el alcalde Estrada
Barba, cuando fue diputado local, votó a favor de que se reabrieran las cuentas
públicas del expresidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde.
Los argumentos
Cabe recordar que el
Ayuntamiento de Benito Juárez interpuso una controversia constitucional ante la
SCJN en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de
Quintana Roo, para evitar que el Congreso del estado reabra las cuentas públicas
municipales de los años 2014, 2015 y 2016.
La síndico municipal,
Mirna Karina Martínez, aseguró que esta pretensión del Congreso local “carece
de cualquier motivación lógico-jurídica”.
La reapertura de las
cuentas públicas está motivada por la presunción de que se cometieron daños y
perjuicios en contra de la hacienda pública o el patrimonio del municipio; “sin
embargo, no existe un razonamiento válido para volver a examinar dichas cuentas
públicas, toda vez que han sido debidamente analizadas y solventadas las
observaciones en tiempo y forma correspondiente”, aseguró la funcionaria.
La síndico municipal
expresó que “es claro que esto deriva de un acto abusivo del poder
fiscalizador, por referirse a ejercicios fiscales que ya han sido auditados,
además de que dichas cuentas ya fueron aprobadas, tanto de parte de la
Auditoría Superior como del Congreso del estado, aunado a que no existen
pruebas que permitan sostener la imputación”. (Fuente: El Economista)
0 comments:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.